Parece que a López López, entre Madrid y París, se le ha ocurrido -evidentemente no a él solo- que hay que negar a Promoconcert que pueda alquilar el Auditorio Nacional para organizar su ciclo de conciertos. De entrada no es válida la excusa de que el Auditorio sólo se puede alquilar a quienes ofrezcan en sus programaciones al menos un 15% de música española de los siglos XX y XXI y un autor latinoamericano, puesto que este criterio lo cumple Promoconcert. Pero es que además tal criterio no lo cumplen en cambio otros ilustres arrendatarios de la sala, empezando por la ONE, que tiene en él su sede.
No, el tema es que no les gusta la programación de Promoconcert porque la juzgan de mala calidad. Quizá lo sea, pero estamos ante una sala pública que tiene publicadas oficialmente las bases para su arrendamiento y que no puede ir contra las mismas. ¿Quién puede juzgar calidades en el Auditorio y con qué criterio? Que no nos digan que esa comisión nombrada en la que hay más de un indocumentado musical, además de otras muchas personas con demasiados intereses personales en juego. Es el público y todo lo más los críticos quienes han de juzgar calidades. López López se comporta como el gorila de una disco, que permite o no la entrada según aspecto e indumentaria, sin darse cuenta que eso lo puede hacer una entidad privada con el «reservado el derecho de admisión», pero que éste no existe para los arrendatarios del Auditorio.
Cierto es también que las políticas de trabajo con los músicos de las orquestas que presenta Promoconcert quizá no sean adecuadas, pero entonces hay que establecer normas generales de cumplimiento obligatorio para todos los arrendatarios y publicarlas oficialmente. Si hay que presentar documentación de que todo el personal está en seguridad social y que se pagan puntualmente las cuotas, eso ha de servir para todos. En el extranjero generalmente se exige a las orquestas importadas.
Algunas de las ideas del INAEM pueden ser buenas, pero no lo son casi nunca los procedimientos.