A favor de la huelga general de la música
Hace unos meses, las televisiones del país echaban fuego con la huelga de astilleros. El humo de las teas de neumático se confundía con el del pitillo de después de comer, y el café me sabía a inquietud. Mientras los trabajadores descuajeringaban un puente, pensaba: lo encabronado que tiene que estar un tipo y el miedo que le tiene que dar un futuro en paro para defender sus derechos de forma tan extrema. Sentí simpatía por su causa. Después de meses de negociación, al final de la algarada, casi vencieron, o por lo menos se clarificó el panorama. Casi siempre he estado a favor de las huelgas de los trabajadores, aunque me causen inconvenientes. Porque, ¿qué se puede hacer cuando no se encuentra otra salida?

Pero, ¿qué pasa con los músicos, y con los trabajadores de la industria de la música, que ven cómo se destruyen por miles sus puestos de trabajo, sin dar una respuesta contundente? Los músicos, ya se sabe, no tenemos la habilidad, ni la fuerza, para desmontar un puente y usarlo como barricada reivindicativa. Tenemos una escasa cultura sindical y asociativa y, además, somos algo nómadas y muy individualistas. Pero si quisiéramos montar un gran estruendo, meter ruido, tendríamos en nuestras manos el escandaloso sonido del silencio. Un hosco silencio que deberá ser rellenado de palabras que expliquen por qué se ha llegado al extremo en que los trabajadores de la música, y las compañías de discos, se declaren en huelga general y prohíban la difusión pública de su música.

Desde mi punto de vista, el deterioro de la situación es tan alarmante, y las expectativas tan sombrías, que creo que se dan las condiciones objetivas para convocar el acto extremo de una huelga, que debería estar respaldada por todos los actores de este musi-drama. Porque las compañías discográficas, grandes o pequeñas, las editoriales, las tiendas de discos que aún sobreviven, las fábricas, los distribuidores, los productores, los estudios de grabación, los luthiers, las empresas de servicios, las tiendas de instrumentos de música, los conservatorios, academias y escuelas de música, los representantes artísticos, los compositores y letristas, los artistas consagrados o por consagrar, y todos los músicos sin excepción, estamos contra las cuerdas. Miles de personas abocadas al paro, ya galopante, ven cómo su futuro se tambalea, no por una crisis económica general que haga que el personal se gaste los euros en artículos de primera necesidad, dando la espalda a lo más superfluo y espiritual, sino porque de una forma absolutamente impune y, sin nocturnidad, pero con alevosía, se nos está robando. La Real Academia Española, en su diccionario dice que piratería es el «robo o destrucción de los bienes de alguien».

Toda huelga tiene su destinatario. Ésta que yo propongo tiene dos: el Gobierno y la sociedad. Va contra el Gobierno porque, a casi un año de su toma de posesión, y pese a sus buenas intenciones, no ha enmendado la errática política de sus predecesores en la erradicación de la piratería callejera, verdadera plaga que asola a un colectivo que ve cómo su trabajo se roba y malbarata, ante la pasividad de una Administración que no dudaría en reprimir, como debe ser, cualquier otro tipo de delito. Esta situación de indefensión, que no tiene parangón en los países de nuestro entorno, el ver nuestro trabajo tirado por los suelos y la impunidad con que las mafias, y los consumidores, operan desde hace unos años, sería suficiente para la convocatoria de huelga del sector. Hago hincapié en el combate contra la venta ilegal callejera, como el principal motivo de la protesta, porque sólo está en las manos del Gobierno erradicarla, y es su obligación.

Los músicos sabemos que el CD, el soporte sobre el que comercializamos nuestro trabajo, tiene los días contados, pero en este país esto no es una metáfora. Porque mientras en los países de nuestro entorno las mantas no existen, aquí, la compra masiva e ilegal de discos supone la imposibilidad de hacer el camino al nuevo sistema de una forma razonable y justa. Nuestra profesión, tradicionalmente, ha soportado otros cambios del formato con el que nos comunicamos con nuestros seguidores, y con el que los artistas nos ganamos la vida: la venta de partituras dejó de ser nuestra fuente de ingresos cuando aparecieron los discos de pizarra, después llegó el vinilo y convivió un tiempo con la tecnología digital. La posibilidad de clonar nuestro esfuerzo en «copias privadas» nunca me pareció mal. Que alguien se copie mis discos y los regale a quien quiera me halaga. Ahora, que las copias sean «públicas», se pague por ellas, y, además, sirva como argumento el bajo precio del producto robado, para afear nuestras protestas llamándonos peseteros, me parece perverso. Y ahí entra la sociedad.

Porque no sé si la gente, el público, el respetable, sabe que en mi profesión somos muy pocos los que estamos en disposición de aguantar el flagelo de su insolidaridad. Sólo un puñado de artistas, de la extensa nómina de los creadores hemos logrado sobrevivir gracias al favor del público, nuestros mecenas, y a que la piratería es algo relativamente reciente. Pero detrás de nosotros hay una multitud de hombres y mujeres que difícilmente llegan a fin de mes. Y detrás de ellos hay familias, estudios, ilusiones y proyectos de vida que se verán definitivamente cancelados, porque esta sociedad les da la espalda comprando el producto del saqueo, con las más peregrinas justificaciones morales para amparar su complicidad en la catástrofe.

La peña esgrime razones bastardas e hipócritas para justificar su complicidad con los cacos: que si el precio de los discos legales es caro, que si los manteros son pobres emigrantes, que si las mantas ayudan a la difusión de la música, que si los artistas somos unos niños ricos que no hacemos más que quejarnos… Argumentos fácilmente desmontables si la sociedad en que vivimos no fuera hija directa de la picaresca y el consumo irracional.

El precio de los discos es el que es porque: paga impuestos, paga las costosísimas campañas promocionales que los medios de comunicación cobran para su difusión, y de él viven una larga lista de personas a las que antes me refería, y, además, un 16% de IVA como un artículo de lujo. Si comparamos los precios de infinidad de productos básicos, o superfluos, con el de los discos en los últimos años -sobre todo desde el subidón del euro-, nos damos cuenta de que el disco, en su variedad de precios, resiste la comparación.

Sabemos que los manteros son pobres inmigrantes semiesclavos en manos de las mafias más siniestras y lo lamentamos. Y que si están en las aceras es porque a los gobiernos les ha interesado más una delincuencia de baja intensidad permitida por la sociedad que unos miles de tipos desesperados dando palos por las esquinas a pobres ciudadanos indefensos. Pero si la sociedad está realmente tan preocupada con la precaria situación de los manteros, por qué no le pide al Gobierno que los legalice y les dé un trabajo digno, como sin lugar a dudas se merecen.

El top manta no sólo no ayuda a la difusión de la música, sino que se la está cargando. El acceso casi ilimitado a la oferta musical la convierte en un objeto de usar y tirar. En este país la música está tirada por los suelos, y tampoco es una metáfora. Ahí empieza una extensa cadena de damnificados que tiene como último eslabón a los jóvenes creadores, silenciados por la falta de inversión de las discográficas, grandes o pequeñas, que suelen apostar sus pírricos euros por nuevos artistas que parezcan clones de los artistas, y los estilos, del último éxito que está en las mantas. Totalmente desorientados, todo se para…

España tiene el bochornoso honor de estar entre los 10 países más piratas de la Tierra. Nuestros compañeros de viaje están muy lejos de Europa, de sus valores y de su renta per cápita. Esto debería alarmar a un Gobierno y a una sociedad que acaba de votar en referendo la defensa de esos valores. La ministra de Cultura elaboró el borrador de un plan del Gobierno contra la piratería en diciembre de 2004. El plan contemplaba la colaboración de hasta 11 ministerios, nada menos. Yo me pronuncio por ayudar a la señora ministra con una huelga general de silencio que paralice a los trabajadores de la música y su industria, hasta convencerla de que en estos putos tiempos, el único ministerio imprescindible en la lucha por nuestros derechos es el del Interior. Por simple dignidad, paremos de tocar. Miguel Ríos