Inmensa alarma está causando la nueva ley de responsabilidades penales en las que pueden incurrir los gestores culturales ante desviaciones de presupuesto no justificadas. El asunto es tanto más grave porque hay políticos presionando a gestores para que firmen contratos para los que claramente no hay presupuesto habilitado. Pero o firman o se van a casa y, de firmar, pueden acabar sin casa. Será tema a tratar ampliamente en otoño.